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La reforma de las etiquetas medioambientales de la DGT que debería haber entrado en vigor el pasado mes de julio es «un proyecto en vía muerta», según fuentes del sector. Por el momento, se quedarán igual que estaban. Así se lo prometió al sector de automoción el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando acudió a la última junta general de la patronal de los fabricantes (Anfac), celebrada a comienzos de octubre en el marco del Salón del Automóvil de Barcelona.
Apenas unos días después, el Consejo de Ministros recibía el informe de los expertos acerca de los teóricos cambios en el sistema. Un papel vacío de contenido a juzgar por el mensaje del director de la DGT, Pere Navarro, a finales de septiembre. «Está siendo difícil lograr el consenso necesario entre las partes» dijo, para a continuación reconocer que su departamento no se daba una fecha para «tener lista la reforma».
De hecho, fue el Gobierno el que encargó a Tráfico crear un grupo de trabajo para una reforma de las etiquetas que siempre sería «consensuada» con el sector y resto de agentes, entre ellos varios ministerios y Ayuntamientos. Era una de las medidas incluidas en el Plan de Valor de la Automoción, presentado en junio de 2020.
Tres son los grandes caballos de batalla que enturbian la negociación: los híbridos enchufables (o PHEV), los híbridos ligeros (en los que la electricidad nunca mueve al coche) y los modelos bi-fuel que pueden usar gasolina y gas (sea Autogás o gas natural comprimido).
Ecologistas, distintas ONG y el Ministerio de Transición Ecológica son partidarios de hacer mucho más exigente el sistema. En concreto, quitar la etiqueta CERO a los híbridos enchufables -vienen a decir que son una estafa medioambiental en comparación con los 100% eléctricos- y la ECO a los otros dos grupos.
Enfrente, las marcas, tanto las que tienen presencia industrial como las que no. Defienden de forma encarnizada a los PHEV. Su argumentación: son claves para lograr una electrificación acompasada entre la oferta y la demanda. Además, resultan cruciales para el futuro a medio y largo plazo de varias factorías. Por citar el caso más obvio, Renault centrará su producción 100% eléctrica en Francia, mientras que sus plantas españolas se focalizarán en los modelos híbridos enchufables.
Más fácil resulta llegar a un acuerdo sobre la creación de una nueva etiqueta. Sería la D, que se asignaría -al menos- a los coches de combustión más modernos. Hoy, la C sirve de paraguas a todos los automóviles de gasolina matriculados desde el año 2006; y a todos los diésel desde 2014 en adelante.
En esta tesitura, la DGT ha defendido su «papel neutral» y que le toca hacer un papel de mediador, pero que «España no tiene un problema de etiquetas». O sí, ya que uno de los factores que ha influido negativamente en las ventas de turismos nuevos es la incertidumbre tecnológica. Y el ruido que se lleva haciendo desde hace más de un año en torno al cambio en las etiquetas -aunque este no vaya a tener efectos retroactivos- ha contribuido a ella.
En todo caso, asociaciones como Greenpace, Ecodes, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace y Transport & Environment darán hoy una rueda de prensa para tirar de las orejas a Tráfico por el incumplimiento del plan original.
Fuente: elmundo.es
